Educar para la Paz en Harvard

Fue para mí un honor aceptar la semana pasada una invitación para visitar la Universidad de Harvard. Más específicamente, visité la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y su Centro Carr para Políticas de Derechos Humanos, los cuales están enseñando programas y realizando investigaciones que coinciden plenamente con áreas de investigación incluidas en mi último libro, La guerra: un crimen contra la humanidad. Estas áreas incluyen maneras de reformar y mejorar las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI), de manera tal de elevar su eficacia en el establecimiento y mantenimiento de la paz mundial; las estrategias para reforzar y proteger el estado de derecho, los valores democráticos y los derechos humanos y civiles; las tácticas para prevenir la tortura y los métodos para inculcar la educación para la paz.

En otras palabras, a través de estos departamentos universitarios y mediante los brillantes eruditos que enseñan en ellos, Harvard está practicando lo que yo considero la única manera de encontrar un camino hacia la paz mundial y hacia la prohibición mundial de la guerra: a saber, la educación para la paz.

Tuve el placer de ser invitado a participar en un evento especial en el marco de un programa organizado por la Escuela Kennedy: dos días intensivos de estudio y análisis para marcar el final de un curso extraordinario titulado La política del Derecho Internacional: la Corte Penal Internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU. El objetivo de este programa/curso fue el de echar luz sobre las funciones y efectos del Consejo de Seguridad de la ONU y de la CPI, dentro del panorama político en el cual ambos operan hoy, y de descubrir cómo estos factores afectan las funciones de áreas específicas del derecho internacional.

El programa fue coordinado por los educadores y renombrados expertos en asuntos internacionales Dra. Kathryn Sikkink y Dr. Luis Moreno Ocampo. Titular de una maestría y un doctorado de la Universidad de Columbia, la Dra. Sikkink es profesora de políticas de derechos humanos y de estudios avanzados en la Escuela Kennedy de Harvard, además de ser una autora altamente reconocida. En 2012, ganó el Premio John F. Kennedy por su libro titulado The Justice Cascade, una obra brillante que analiza los orígenes y efectos de los juicios de derechos humanos, y que sirvió como una de las muchas fuentes académicas de alto nivel que consulté en la investigación para mi propio libro, La guerra: un crimen contra la humanidad. La Dra. Sikkink es, además, autora de Ideas and Institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina (1991) que explica la influencia del desarrollismo en el destino de dos de las economías más grandes de América Latina, y de Mixed Signals: Human Rights Policy and Latin America (2004), en el cual cuenta cómo la insensible postura anticomunista de Washington de la década de 1970 empañó la reputación de Estados Unidos en toda América Latina mediante su asociación con regímenes tiránicos y, a menudo, brutalmente asesinos. Advierte que la actual guerra contra el terrorismo podría muy bien llevar a una repetición de estos errores del pasado a menos que los estadounidenses insistan que la lucha contra el terrorismo se lleve a cabo dentro de un marco de respeto por los derechos humanos y del imperio de la ley.

Dr. Luis Moreno Ocampo es abogado de derechos humanos de renombre mundial, habiendo servido en su Argentina natal como Fiscal Especial Adjunto para los juicios sin precedentes contra los ex miembros de las juntas militares, cuando volvió la democracia a ese país en la década de 1980. Más recientemente, se desempeñó durante nueve años como Fiscal en Jefe fundador de la Corte Penal Internacional. Es co-profesor en Harvard para el curso de la Escuela Kennedy titulado La política del Derecho Internacional: la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Luis colaboró estrechamente conmigo mientras que, con mi equipo, realizáramos investigaciones para La guerra: un crimen contra la humanidad, guiándome con habilidad a través del complejo laberinto del derecho y de la política internacionales, área en las cuales él se encuentra muy bien preparado. También me presentó a auténticas personalidades del derecho internacional que resultaran de valor inestimable en ayudarme a entender mejor la forma que, en el mundo entero, la venta de armas, los actos de agresión, los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos han jugado un papel fundamental en la creación de una cultura bélica global que hace caso omiso de los principios básicos de la democracia y el imperio de la ley, al tiempo que socava todo esfuerzo para establecer una paz mundial duradera.

Las sesiones en las cuales participé durante mi visita estaban repletas de fascinantes presentaciones, debates y encuestas sobre algunos de los temas legales más candentes de la actualidad. Uno de los temas tratados fue, por ejemplo, si existe hoy una auténtica posibilidad para que la CPI intervenga en dos de los conflictos más controvertidos del día: Siria y Palestina.

Además de participar en el programa en sí, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de estudiantes de Harvard, distribuir ejemplares de mi libro entre los presentes y tomar parte en una apasionada charla con ellos. Mi libro fue la razón detrás de la invitación que recibí para participar en este evento, ya que parte de su tesis es un llamado a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y a crear una Corte Penal Internacional fuerte e independiente con amplios poderes de policía que permitan que sea realmente eficaz en la investigación y juzgamiento no sólo de algunos, sino de todos los crímenes de guerra, atrocidades, abusos a los derechos humanos y actos de agresión internacionales.

Más tarde, el profesor Douglas A. Johnson me invitó a visitar el Carr Center for Human Rights Policy de la Escuela Kennedy, donde se desempeña como Director de Docentes, cargo que ocupa desde 2013. El profesor Johnson accedió a dicho puesto después de servir durante 24 años como Director Ejecutivo del Centro Internacional para las Víctimas de la Tortura (CVT). Durante su permanencia allí, la CVT proporcionó servicios tanto clínicos como otros a más de 23.000 víctimas de la tortura en las instalaciones que mantiene la organización en la República Democrática del Congo, Guinea, Jordania, Liberia, Sierra Leone y Estados Unidos.

El Centro —fundado en 1999, mediante un regalo del ex alumno de la Escuela Kennedy y reconocido empresario/filántropo Gregory Carr— se guía por el compromiso de imponer los principios fundamentales de los derechos humanos como base para la formulación de una buena política pública en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Durante mi visita, el profesor Johnson me explicó personalmente la función de un mapa táctico formulado por el Centro Carr como medio para poner fin a la tortura en todo el mundo. En La guerra: un crimen contra la humanidad, comparo el establecimiento de un camino hacia la prohibición de la guerra con los progresos realizados en el siglo pasado hacia la proscripción de la tortura en el mundo entero. Fue fascinante para mí, entonces, ver cómo gente como el profesor Carr está inventando medios prácticos para hacer que tales prohibiciones internacionales sean eficazmente practicables. La doble misión del Centro es la de formar a los profesionales de derechos humanos para pensar y actuar de manera más estratégica, y basándose en los mejores datos de investigación de las ciencias sociales, y la de crear soluciones viables para la protección de los derechos humanos.

En el segundo día de mi visita a Harvard, me uní a estudiantes de la Escuela Kennedy para recibir el anticipo de un informe que se publicará próximamente sobre la eficacia de la Corte Penal Internacional en su forma actual. Algunas de las conclusiones del informe nos fueron presentadas por la profesora Beth Simmons de la misma Universidad de Harvard, una de los dos autores del informe, cuyo co-investigador fue Hyeran Jo de la Texas A&M University. Respecto de su meticulosa presentación, la profesora Simmons explicó las percepciones más comunes sobre la CPI, incluyendo la idea de que, en su forma actual, la Corte tiene tan poco poder para procesar casos de agresión, crímenes de guerra, atrocidades y otras violaciones de los derechos humanos —fundamentalmente porque tanto los países como sus líderes pueden elegir si desean o no
reconocer la jurisdicción de la CPI— que resulta imposible que tenga efecto disuasorio alguno. Subraya esta percepción el hecho de que la Corte sólo ha logrado dictar tres condenas firmes en los últimos trece años. Lo novedoso del informe de Simmons y Jo —que pronto se publicará en el Journal of International Organization— es que su investigación ha desarrollado pruebas contundentes de que la realidad no condice con dicha percepción y que, de hecho, la Corte Penal Internacional ya está actuando como elemento disuasorio. Aun cuando su magra lista de condenas pareciera desmentir su eficacia, esta última investigación tiende a demostrar que la mera amenaza de una investigación de la CPI ha conseguido que no sólo los gobiernos establecidos sino también algunos otros movimientos políticos actuales busquen mejorar sus niveles de respeto por los derechos humanos.

Como reflexión final —y una vez más, mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Harvard, la Escuela Kennedy y Centro Carr por esta oportunidad para hacer contacto directo con algunos de los mejores educadores para la paz del mundo y con su entusiasta alumnado— estoy ansioso por ver el informe completo de Simmons y Jo, una vez publicado, ya que sus resultados son muy interesantes para los investigadores como yo quienes abogamos por una CPI fuerte. La idea de que la Corte, incluso hoy, en su actual estado de poder deficiente, sea capaz de mejorar el nivel de calidad de los derechos humanos en todo el mundo, es un gran punto a favor de las campañas para ampliar sus poderes y para presionar a los principales líderes del mundo, como (en especial), Estados Unidos, China y Rusia a reconocer y someterse plenamente a la autoridad de la misma. En fin, si no tuvieran nada que ocultar, no tendrían nada que temer de la Corte Penal Internacional y su reticencia hacia no sólo reconocer sino potenciar plenamente a la CPI se erige como testimonio de su falta de adhesión a las normas fundamentales de respeto de los derechos humanos y civiles y a la inviolabilidad del derecho internacional.