La CPI y el costo de una Justicia desequilibrada

La semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores de países de la Unión Africana (UA) que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciaron públicamente que habían decidido recomendar una retirada en masa de sus naciones de la jurisdicción de dicha corte. Treinta y cuatro de los 54 países miembros de la Unión Africana suscriben a la CPI bajo las disposiciones del Estatuto de Roma, la carta constitutiva de la corte.

Si los líderes de los Estados africanos que forman parte del Estatuto de Roma deciden aceptar la recomendación conjunta de sus ministros de relaciones exteriores, será un duro golpe para la CPI, ya que dichas naciones forman el grupo regional más grande de países sujetos a la jurisdicción de dicha corte, seguido por América Latina y el Caribe (27 Estados Partes), Europa Occidental y otros (25) y el Grupo Asiático (19). De hecho, el Estatuto de Roma establece disposiciones para retirarse de la jurisdicción de la corte. El artículo 27 estipula que una vez que un país haya notificado formalmente a las Naciones Unidas de su decisión de retirarse, la retirada se hará efectiva al cumplirse un año desde la fecha del anuncio, pero no tendrá efecto alguno sobre procesos legales ya iniciados. Desde noviembre del año pasado, tres Estados Partes han notificado a la ONU de su decisión de rescindir su adhesión a la CPI.

Si bien la sombra de una ruptura en la Corte Penal Internacional debe verse claramente como un enorme retroceso para la justicia internacional, los derechos humanos, la paz mundial y el imperio de la ley, el caso que las naciones africanas plantean goza de evidente mérito. Su argumento más destacado es que el Estatuto de Roma y la CPI están siendo utilizados como una herramienta del “imperialismo occidental”, en el sentido de que sólo los líderes de los estados más pequeños y débiles del mundo están siendo procesados ​​y castigados por la corte. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por los líderes de los estados más ricos y poderosos son simplemente ignorados.

Mientras para algunos que no están familiarizados con la forma en que debería operar la CPI o con la medida en que algunas de las naciones más poderosas del mundo han violado el derecho internacional y han cometido actos que fácilmente podrían interpretarse como crímenes de lesa humanidad, la posición de los africanos puede parecer demasiado defensiva o como que las uvas políticas han resultado agrias. Pero el hecho es que la visión de dichos países resulta bastante justa y equilibrada en cuanto a cómo se ajusta precisamente a lo que está sucediendo. Es una percepción innegable que, hasta la fecha, la CPI se ha enfocado de manera desproporcionada en el continente africano. Hasta ahora, en los 14 años desde que comenzara a funcionar el tribunal, nueve de cada diez de las causas investigadas tuvieron como escenario naciones africanas.

Las amenazas de retirarse de la CPI no son nada nuevo. Quizás el ejemplo más claro a citar es el de las acusaciones contra el presidente sudanés Omar Al Bashir. En 2009, varios estados africanos —Yibuti, Comoras y Senegal— solicitaron a todos los Estados Partes africanos que rescindieran el Estatuto de Roma en masa en protesta contra la acusación del líder sudanés por parte de la CPI.

El caso de Al Bashir fue complejo, por ser éste el primer jefe de estado en plena función a ser acusado. El entonces Fiscal Luis Moreno Ocampo acusó al presidente sudanés de responsabilidad individual por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur en 2003. Más específicamente, la fiscalía alegó que Al Bashir había “planeado e implementado” un plan para exterminar a tres Grupos étnicos, las tribus Fur, Masalit y Zaghawa, a través de una cruel campaña de deportación, violación y asesinato. La orden de arresto emitida como resultado de los cargos de Moreno Ocampo fue respaldada no sólo por el tribunal, sino también por la OTAN, la Red de Intervención contra el Genocidio y Amnistía Internacional.

En una primera etapa del proceso, el tribunal compuesto por jueces de Ghana, Letonia y Brasil aceptó la acusación de Al Bashir por cinco cargos de crímenes de lesa humanidad y dos de crímenes de guerra. Pero dos de los tres jueces rechazaron la acusación de genocidio por “pruebas insuficientes”. Sin embargo, el tercer juez disidente opinó que había “motivos razonables” para acusar al presidente por el delito de genocidio. Sin embargo, no fue hasta mediados de 2010 que la CPI finalmente reunió pruebas suficientes como para emitir una nueva orden de captura contra Al Bashir que incluía tres cargos de genocidio.

Un aspecto singular del caso de Al Bashir, sin embargo, fue que Sudán no era un Estado Parte del Estatuto de Roma. Más bien, el caso fue remitido a la CPI por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No fue, entonces, la membresía en el tribunal que hizo que una causa contra Al Bashir fuera viable, sino que los miembros del Consejo de Seguridad habían autorizado al tribunal para que investigara al presidente activo de un país miembro de la ONU.

Peor aún, varias naciones que son Estados Partes en el Estatuto de Roma han ignorado alegremente las órdenes de arresto, con respaldo de dicho estatuto, que pesan sobre el presidente sudanés y que, como signatarios, están obligados a cumplir, cuando dicho político ha visitado sus territorios. Entre ellos se encuentran China, Nigeria, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Kenia y Qatar. Y tanto la poderosa Liga Árabe como la Unión Africana han expresado su rechazo a la orden de detención, la cual, según sugieren, infringiría la soberanía sudanesa, por ser Al Bashir un mandatario que sigue en sus funciones. Rusia, otro poderoso miembro permanente del Consejo de Seguridad, calificó la orden como “un precedente peligroso en las relaciones internacionales”, alegando que podría “obstaculizar los esfuerzos por conseguir la paz en Sudán”.A los ojos de muchas naciones africanas y de otras naciones de riqueza reducida, este poder ejercido por la élite del Consejo de Seguridad y delegado a la CPI, huele a hipocresía, dado que los más poderosos miembros permanentes del todopoderoso consejo no reconocen la jurisdicción de la CPI en tanto y cuanto se aplique a ellos. Amnistía Internacional ha pedido a Al Bashir que se entregue y ha solicitado, además, que, en su defecto, sea el gobierno sudanés el que lo entregue, pero la organización de derechos humanos ha sido burlada por ambos. Ni siquiera un intento por parte del fiscal de la CPI de “aislar” a Al Bashir al divulgar información sobre la riqueza que ha acumulado (estimada en unos 9.000 millones de dólares), con la idea de cambiar su imagen de la de un héroe nacional a la de un autócrata corrupto, ha sido capaz de hacer mella en la apatía general respecto de entregar el mandatario sudanés a la corte.

Pero cuando se trata de defender lo indefendible, el argumento más claro en defensa de Al Bashir ha sido el de la igualdad ante la ley. Como dijo el mismo presidente sudanés en su propia defensa, al igual que Estados Unidos, China y Rusia, Sudán no forma parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, debe sentirse libre de negarse a cumplir con sus disposiciones. Agregó que su caso era “un asunto político y uno de dobles estándares, porque hay crímenes obvios como los de Palestina, Irak y Afganistán, pero ellos tampoco han encontrado camino alguno hacia la Corte Penal Internacional.”

Si bien esta afirmación resulta difícil de tragar para cualquier activista de derechos humanos y del imperio de la ley, por proceder de alguien acusado de crímenes tan atroces como los que pesan sobre la figura de Al Bashir, de hecho, va directamente al corazón de las debilidades que padece la corte y que ponen en peligro su vida. Como postulo en mi libro, La guerra: un crimen contra la humanidad, para que el derecho internacional de cualquier especie sea eficaz, debe ser universalmente aceptado y aplicado, y esto no es actualmente el caso en cuanto a la autoridad de la CPI. La mayor amenaza a la autoridad de la corte hoy en día es la actitud de la más poderosa y ciertamente la más militarizada nación del mundo: los Estados Unidos de América. Estados Unidos se encuentra en una posición única por haber participado activamente en la organización de la CPI y haber firmado su Estatuto en 2002, sólo para luego (bajo el gobierno de George W. Bush) negarse a ratificarlo. Estados Unidos no sólo no es miembro de la CPI, sino que además ha notificado a la ONU de que no planea serlo en ningún momento del futuro. Y este es el caso, además, de otras potencias mundiales y regionales como China, Rusia, India, Irán e Israel.

La CPI se creó como una especie de tribunal de “último recurso”. Su trabajo consiste sólo en actuar cuando las propias naciones no aplican adecuadamente la justicia. Es indescriptiblemente asombroso que las principales potencias mundiales se nieguen a adherir a la Corte Penal Internacional porque significa —más allá de cualquier otra excusa que pudieran inventar— que sus acciones son tales que temen que sus propios líderes puedan eventualmente terminar en el banquillo de los acusados por perpetrar crímenes de lesa humanidad o guerras de agresión. Esto es aún más angustiante en el caso de Estados Unidos, que hasta décadas recientes, se consideraba como el portavoz del imperio de la ley. Y claro está que, si Estados Unidos puede, sencillamente, negarse a aceptar la autoridad de la CPI, es difícil ver cómo las acciones de la corte contra los líderes de otras naciones puedan tener jamás peso real alguno, dado que tal comportamiento sirve de referente de vanguardia para la justicia en el mundo entero.

Si Washington modificara su política en este respecto, ratificara el Estatuto de Roma y se sometiera a las decisiones futuras de la CPI, tal gesto contribuiría en gran medida a permitir a la corte procesar activamente crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión en todo el mundo. Pero si este tipo de apoyo a la justicia internacional no se pudo reunir durante los ocho años de la administración de un Barack Obama, no parecería haber esperanza alguna de un cambio de corazón y de mentalidad bajo el nuevo gobierno estadounidense que asumió el cargo al principio del presente año.

En la actualidad, el desprecio que la mayoría de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU demuestran por la CPI y la creciente negativa de los líderes de otros países a someterse a un tribunal que las naciones líderes toman como una broma o, al menos, como un foro para una justicia sólo aplicable a las naciones más pobres del mundo, atan, de una manera cada vez mayor, las manos de la CPI. Y esta última iniciativa conjunta de los ministros de relaciones exteriores de más de una treintena de naciones africanas podría presagiar la desintegración de la CPI como una alternativa viable a una desenfrenada inhumanidad e injusticia en el mundo.