La guerra narco de México – el segundo conflicto más letal del mundo

El asesinato, el día 15 de mayo ppdo, de Javier Valdez Cárdenas, renombrado periodista investigativo mexicano, cuyo trabajo se enfocaba en el cartel de drogas de Sinaloa, ha atraído nueva atención a la violencia relacionada con narcóticos en México. En los últimos años, el nivel de violencia vinculado al narcotráfico en México ha alcanzado la importancia de una guerra a gran escala. De hecho, es actualmente el segundo conflicto armado más letal sobre la tierra.

Estadísticas recientes demuestran este hecho: Siria ha sido el peor conflicto del mundo prácticamente desde sus comienzos hace seis años, y el año pasado no fue la excepción: 50.000 personas más murieron como consecuencia de esa lucha armada durante 2016. Pero la guerra narco de México estuvo en segundo lugar en cuanto a víctimas fatales el año pasado, con un total de 23.000 muertos. Es una cifra extremadamente llamativa cuando se compara con guerras de más alto perfil como la de Afganistán (donde hubo 16.000 muertos el año pasado), o la de Irak (donde la suma de muertos en la lucha armada el año pasado llegó a 17.000), mientras que la lista de fatalidades en la devastadora guerra del Yemen tomó un distante cuarto lugar el año pasado al sumar 7.000. El nivel de víctimas fatales en la guerra narco de México se hace aún más impactante en virtud del hecho de que prácticamente no hay muertes causadas por armas de destrucción masiva tales como bombas, misiles, ataques con gases, artillería o ataques aéreos, como es el caso, por ejemplo, en la guerra de Siria o en las otras tres guerras mencionadas. Prácticamente todas las muertes en la guerra narco en México son el resultado de armas de fuego livianas y de puño.
El asesinato de Valdez Cárdenas a plena luz del día en una calle mexicana fue el último de una serie de ataques contra la prensa. Nueve periodistas fueron asesinados en ese país durante 2016. Tres más fueron asesinados sólo durante el mes pasado, y cinco han sido asesinados desde marzo. Se ha dado muerte a 30 periodistas en México desde 2012. La organización periodística internacional Reporteros sin Fronteras ahora clasifica a México como el país más peligroso de la tierra para los profesionales de medios (más, aparentemente, que Siria o zonas de combate cerca de territorios de Irak ocupados por Estado Islámico).
Los informes de Valdez Cárdenas focalizaron, en gran parte, su propia ciudad natal de Culiacán y alrededores, en el estado de Sinaloa, en el corazón del Cartel de Sinaloa, otrora territorio del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ahora se encuentra detenido en una prisión federal estadounidense. El reciente recrudecimiento de la violencia en esa región de México ha sido el resultado de luchas entre bandas para disputar quién tomará el control del cartel ahora que “El Chapo” está fuera de escena. Valdez Cárdenas, el sexto periodista asesinado en Sinaloa desde el año 2000, fue citado diciendo que tanto los periodistas como los residentes de su estado tenían que aprender “a vivir en tiempos en que las balas están volando a nuestro rededor.”

La guerra narco de México es, en gran parte, una extensión de la llamada “guerra contra las drogas” del gobierno de Estados Unidos. El término se remonta a la administración del presidente Richard Nixon en la década de 1970, pero la auténtica naturaleza bélica de esa guerra de Estados Unidos contra el tráfico de estupefacientes se expandió enormemente bajo las administraciones de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush. El gobierno de Estados Unidos ha inyectado cantidades siderales de dinero y recursos físicos y humanos en llevar a cabo una lucha internacional desde los años noventa. En Colombia, por ejemplo, la participación de Estados Unidos en la destrucción de los carteles enormemente lucrativos de ese país fue tal que esa nación sudamericana llegó a convertirse, en un momento, en el segundo receptor, después de Israel y Egipto, de ayuda estadounidense, recibiendo más de 2 mil millones de dólares del tesoro norteamericano en un lapso de tres años justo antes y después del cambio de milenio, la mayor parte de esa suma en calidad de ayuda militar.
Parece casi una ironía que el desmantelamiento de los carteles de Cali y Medellín en Colombia resultó una bendición para los carteles alguna vez menores de México, cuyos jefes, hasta entonces, habían sido narcotraficantes de segunda categoría. Esta nueva dinámica colocó el centro de distribución ilícito de narcóticos justo en el patio trasero de Estados Unidos. A medida que la violencia tanto entre los traficantes mismos como entre las operaciones de los narcotraficantes mexicanos y la policía se salía fuera de control, el entonces recién electo presidente mexicano, Enrique Calderón, ordenó en el 2006 a los militares que se unieran a la lucha contra los carteles narco. El desmantelamiento de esos carteles se ha convertido en el ostensible objetivo principal del gobierno mexicano en la guerra narco, dejando a cargo de los agentes anti narco estadounidenses la detención en sí del tráfico.
Resulta justo, quizás, interpretar esta división estratégica como aceptación por parte de México de la guerra narco en sí como su problema pero no así de su distribución final que considera básicamente como problema de Estados Unidos. De hecho, el tráfico de drogas ilícitas mexicanas sirve casi exclusivamente al enorme apetito por las drogas en Estados Unidos. Entre otros estupefacientes, los carteles mexicanos suministrarían al menos el 90 por ciento de la cocaína consumida actualmente en Estados Unidos.
La detención de los principales traficantes, como “El Chapo” Guzmán, no ha hecho nada para detener la violencia en México. Por lo contrario, la desaparición de escena de cualquier gran narcotraficante desencadena un nuevo aumento en los combates de la guerra narco, ya que otros cabecillas se enfrentan a luchar por el territorio previamente operado por quien se ha retirado. Y en un sentido muy real, el principal problema que alimenta la guerra narco en México es mucho menos uno de oferta que de enorme demanda, además del lavado de dinero, que se originan tras la frontera en Estados Unidos.

Es ahí, mientras tanto, que la guerra contra las drogas ha hecho poco y nada para llegar a la raíz del problema, que es la demanda. La acción del gobierno de Estados Unidos ha tendido a concentrarse en la criminalización del uso de drogas —además de la persecución del narcotráfico—en lugar de poner el foco en programas más agresivos de concientización, prevención y tratamiento. Se estima que existen actualmente más de 300.000 presos relacionados con las drogas en las cárceles estadounidenses. De las 197.000 personas que se hallan hoy purgando condena en las prisiones federales de Estados Unidos, se estima que 97.000 (o cerca de la mitad) están allí por delitos involucrados con la droga. De la población de 1,3 millones de condenados en instituciones carcelarias bajo la jurisdicción de los diferentes gobiernos provinciales en Estados Unidos, se estima que 208.000 están detenidos por delitos relacionados con las drogas. Y estas cifras no tienen en cuenta los casi 150.000 prisioneros detenidos (condenados o no) en las cárceles de las ciudades y condados por cargos relacionados con los narcóticos. De hecho, una de cada cinco personas encarceladas en Estados Unidos ha sido detenida por cargos bajo leyes contra los estupefacientes. Y casi el 75 por ciento de todos los encarcelados por cargos relacionados con las drogas son latinos o personas de raza negra.

Alimentar el hábito de EEUU es un negocio ilícito para los carteles mexicanos que se estima entre 19 y 29 mil millones de dólares por año, el cual, a su vez, provee un mercado narco en EEUU valuado en entre 200 y 750 mil millones de dólares. La idea de que esta marea altamente lucrativa de actividad ilegal pueda ser interrumpida por la construcción de “un muro fronterizo más grande y mejor”, como sugiere la actual administración estadounidense, parece totalmente absurda (o tal vez no sea más que una promesa hueca de campaña para captar los votos de quienes no tienen idea alguna de cómo funciona el narcotráfico), ya que los enormes ingresos que el éste y la distribución generan proveen amplios recursos para financiar las metodologías más creativas imaginables. Durante décadas, los traficantes han estado pasando por alto las vallas fronterizas de Estados Unidos utilizando métodos tan medievales como catapultas y túneles y tan modernos como barcos de alta velocidad, aviones no tripulados, entrega postal mediante correos privados e incluso submarinos. En EEUU hay un viejo refrán que dice que “donde existe la voluntad, existe la manera” y los ingresos narco que suman decenas de miles de millones de dólares pueden comprar una gran cantidad de voluntad.

Como muchas otras guerras que financian las naciones del Primer Mundo, la guerra narco en México es, de alguna manera, una guerra por encargo, como lo fuese la anterior guerra narco en Colombia. Mientras que el apetito estadounidense por todo tipo de droga imaginable es la causa directa del tráfico y por lo tanto de las guerras narco, Estados Unidos parece renuente a pelear las peores batallas de esas guerras en su propio suelo, prefiriendo enfrentarse al enemigo en países donde la oferta se está generando en respuesta a una demanda enorme y pudiente, en lugar de encontrar formas más eficaces de hacer frente a lo que está alimentando la creciente demanda en su propio país y encontrar maneras de reducirla en forma drástica. Parece claro que encarcelar a los consumidores no está funcionando. Por lo contrario, existen estudios que sostienen que muchos consumidores de droga que caen presos dejan la cárcel más profundamente involucrados que nunca en la cultura narco. Y el estigma que llevan como ex convictos hace que sea más probable que terminen traficando como medida no sólo para alimentar su propio hábito sino también para evitar el tipo de trabajo a menudo reservado para ex convictos.
Mientras tanto, la guerra narco en México se agrava sin cesar, con más de 100.000 personas habiendo pagado con sus vidas —entre las 60.000 muertes oficialmente reconocidas y las decenas de miles más que han “desaparecido”— desde el comienzo del conflicto.