Venezuela—de estrella naciente a estrella fugaz

Desde su independencia en los primeros años del siglo XIX, Venezuela ha tenido, como muchos de sus vecinos sudamericanos, una accidentada historia de oscilaciones de péndulo entre la democracia y el despotismo. Sin embargo, al igual que muchos de sus vecinos, ha tenido asimismo una historia de vocación democrática que ha llevado a su pueblo a buscar repetidamente un resurgimiento del vigor democrático cada vez que el autoritarismo ha levantado su cabeza.
No obstante, a diferencia de otras grandes democracias de la región, Venezuela está experimentando en la actualidad una nueva tendencia autocrática cada vez más profunda, que no sólo ha acompañado, sino que también ha alimentado la crisis económica y social desencadenada en ese país por la caída estrepitosa en los precios del crudo desde 2014. En este sentido, la mayor amenaza para la democracia venezolana ha sido la falta de diversidad de su economía. Pero tanto el auge como el atraso en los ingresos petroleros han jugado a favor de los así llamados autoritarios “bolivarianos” de esa nación, en el primer caso permitiendo la implementación de un distribucionismo populista de extrema izquierda y en el segundo, proporcionando una excusa para imponer un gobierno antidemocrático y medidas draconianas para sofocar violentamente la indignación derivada de una crisis económica que paraliza la vida de un pueblo que ha perdido no sólo su bienestar financiero, sino también su voz y voto.

Históricamente, Venezuela no ha estado ajena a la intriga política y a los proyectos autocráticos. En 1899, Cipriano Castro tomaría el poder por la fuerza, al marchar un ejército bajo el mando de su amigo, el general Juan Vicente Gómez, hacia la capital de Caracas desde el estado andino de Táchira. Y lograría mantenerse en el poder durante casi una década, pese a luchas intestinas y bloqueos internacionales, hasta que viajara en 1908 a Alemania para hacerse un tratamiento médico, sólo para ser reemplazado en su ausencia por su antiguo compañero en la sedición, el general Gómez.
Gómez, por su parte, gobernó al país, de una forma u otra, durante los siguientes 27 años, creando una apariencia de democracia al ser elegido presidente tres veces durante ese período, pero manejando al país de todos modos, incluso en los momentos en que no gozaba del beneficio de la aprobación democrática.

Aún en esa época, la política y el poder venezolanos estaban inextricablemente ligados al petróleo. El descubrimiento inicial de enormes yacimientos petroleros en el país le proporcionó a Gómez la riqueza y el poder que requería para centralizar estrictamente el gobierno e intimidar a toda oposición. Y esta centralización autoritaria continuó por algunos años después de la muerte de Gómez en ejercicio del poder, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras.
No fue sino hasta 1941 que este largo período autoritario comenzó a mermar, con la inauguración del gobierno de Isaías Medina Angarita. Medina Angarita inició una transición, aunque no plena, del país fuera del ciclo autoritario, al legalizar la actividad política en general. Pero él mismo terminó siendo derrocado en un golpe civil-militar en 1945, el cual dio el puntapié inicial a un intento fugaz de reavivar la democracia en Venezuela bajo el nuevo presidente, Rómulo Betancourt, fervor democrático representado por lo que algunos historiadores ven como los primeros comicios libres y apropiados en la historia del país, los cuales fueron celebrados en 1947. Como resultado de esas elecciones, Betancourt fue reemplazado por el presidente Rómulo Gallegos. Pero Gallegos no pasaría el año siguiente en el poder, antes de ser derrocado por su propio ministro de defensa, Carlos Delgado Chalbaud, y una junta militar encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez.

Dos años más tarde, en 1950, Delgado Chalbaud sería asesinado en un intento fallido de secuestro, el cual Pérez Jiménez fue sospechado de organizar. Otros sospechaban del líder rebelde venezolano Rafael Simón Urbina, quien, poco después de la muerte de Delgado Chalbaud, fue capturado y ejecutado sumariamente por las fuerzas gubernamentales. En cualquier caso, Pérez Jiménez quedó librado a continuar gobernando el país hasta 1958, período en el cual, en un aparente intento de legitimar al gobierno autoritario, se celebrarían elecciones (1952). Se creía que el líder militar ganaría la elección presidencial con amplio apoyo. Cuando los resultados no confirmaron las predicciones, el general simplemente ignoró los mismos y permaneció en el cargo.
Pero la vocación de Venezuela por la democracia volvería a surgir y en 1958, Pérez Jiménez fue obligado a dimitir. Todos los principales partidos políticos (excepto los comunistas) firmarían un pacto para consolidar la democracia. Como resultado, los Demócratas Cristianos (COPEI) y el Partido de Acción Democrática se convirtieron en los dos principales actores políticos en la consolidación de la democracia venezolana durante las siguientes cuatro décadas. Tal como otros países sudamericanos durante la década de 1960, la democracia venezolana sufriría los efectos del terrorismo armado, en este caso,  a manos de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y del Movimiento Revolucionario de Izquierda (derivado de la Acción Democrática). Pero aun así, la democracia pudo hasta negociar el desarme guerrillero, bajo la administración del demócrata cristiano Rafael Caldera(1969-1974).

El sucesor de Caldera, Carlos Andrés Pérez (1974-1979), logró gozar de los beneficios de lo que se conocía en el mundo altamente industrializado como una “crisis petrolera”, pero que fue un verdadero auge a niveles récord para los países productores de petróleo. Esto significó que Pérez pudo aumentar enormemente el gasto público a medida que los petrodólares pasaban a la economía venezolana que dependía casi exclusivamente del petróleo, y al hacerlo, logró convertir la coyuntura global en un ostensible éxito personal. Pero los gobiernos que siguieron (los de los presidentes Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi) tuvieron que enfrentarse a lo contrario: la caída del precio mundial del petróleo en la década de 1980, que traería aparejada la devaluación de la moneda y el colapso del nivel de vida que los venezolanos habían disfrutado gracias al auge mundial del precio del petróleo.
Aquellos que recordaban con cariño los días de gloria de la administración de Andrés Pérez en la década anterior lo reeligieron como presidente en 1988. Pero la situación se había deteriorado a tal punto que el país se encontraba al borde del abismo y en una economía en la que ningún gobierno se había molestado nunca en introducir medidas exitosas para diversificarse más allá de los enormes recursos petroleros de Venezuela, no se podía hacer nada para compensar el descenso mundial en los ingresos petroleros. Socialmente, esto significó una economía paralizada en la cual los venezolanos promedio se hundían en la pobreza, provocando una serie de disturbios conocidos como el “Caracazo” en los que morirían decenas de venezolanos. Como de costumbre, fue la gente común quien pagó por la falta de previsión del gobierno y su obstinada y poco aconsejable disposición a dejar que una nación entera dependiera casi exclusivamente de las ventas petroleras para su supervivencia.

Dos veces en 1992, en los momentos más álgidos de la crisis, un grupo de oficiales militares armarían intentonas para derrocar al gobierno de Pérez. Fue aquí donde apareció en escena Hugo Chávez, un líder importante en las revueltas, quien, al final, quedó bajo arresto.
El deterioro de la situación social y los crecientes cargos de corrupción contra el gobierno llevaron al enjuiciamiento político de Andrés Pérez en 1993. Al año siguiente, el entonces presidente Rafael Caldera otorgaría a Hugo Chávez un indulto presidencial y reintegraría plenamente sus derechos políticos, proporcionando así al Comandante Chávez un tinte de héroe reinstaurado plenamente en la sociedad venezolana—circunstancia de la cual Chávez sacaría amplia ventaja.

Parece una ironía que el régimen de Chávez se haya beneficiado del mismo tipo de auge mundial en los precios del petróleo que el primer gobierno de Pérez había disfrutado. Como tal, Chávez vio la oportunidad de lanzar una campaña populista supuestamente arraigada en el socialismo democrático, pero en realidad no más “socialista” ni “democrática” que el autocrático régimen castrista de casi 60 años en Cuba, por el cual Chávez expresaba abiertamente y a menudo su gran admiración.
En un país azotado por una nueva crisis en el precio del petróleo, la gente perdió la confianza en los partidos tradicionales de Venezuela y el rimbombante Chávez fue elegido como presidente en 1998. Se proclamó “fundador de la quinta república” y líder supremo de la “Revolución Bolivariana”, buscando así vincular su nombre y sus acciones con los del héroe del siglo XIX y libertador en las guerras de independencia hispanoamericanas, Simón Bolívar. El objetivo ostensible de la “revolución” de Chávez era construir una democracia popular (autodenominada bolivarianismo), establecer la independencia económica de Venezuela (arduo trabajo en una economía estrictamente petrolera) para promover una distribución equitativa de los ingresos, y erradicar la corrupción gubernamental. El lenguaje populista empleado en la promoción de este discurso era muy parecido al utilizado por el régimen castrista en Cuba y azotó a los mismos “enemigos”, una corta lista encabezada por Estados Unidos (que, a pesar de la retórica, fue y sigue siendo asiduo importador de crudo dulce venezolano).

Chávez no perdió tiempo implementando grandes cambios destinados a consolidar su poder. Ya en 1999, encargó a una Asamblea Constituyente el trabajo de escribir una nueva Constitución. Simultáneamente, inició lo que llamó “misiones bolivarianas”, que eran programas gubernamentales para abordar la pobreza a través del distribucionismo. Estas últimas medidas le sirvieron bien en el 2002, cuando fue destituido por un golpe de Estado, sólo para ser devuelto al poder un par de días después por segmentos castrenses leales a él, respaldados por manifestaciones de masas organizadas entre algunos de los ciudadanos más pobres de Venezuela. Asimismo, padeció una huelga general de dos meses al año siguiente que terminó costando a la todopoderosa industria petrolera del país 13 mil millones de dólares y golpeando fuerte el PBI. En respuesta, instituyó controles monetarios que permanecerían en rigor durante la próxima década.
Pero a medida que el precio del crudo se desplomara una vez más hacia el final del reinado de Chávez, estas medidas arbitrarias hicieron prohibitivas las importaciones que el país necesitaba para sobrevivir. Chávez continuó usando los ingresos petroleros nacionalizados para llevar a cabo su proyecto de “ingeniería social” bolivariana, pero el mismo comenzó a socavar la reinversión en la industria que es prácticamente la única fuente de ganancia para el país.
Chávez fue reelegido a un tercer mandato hacia el final del 2012, pero nunca pudo asumir plenamente el poder. Se le diagnosticó una forma agresiva de cáncer y murió a principios de marzo del año siguiente, poniendo fin a una muy controvertida carrera de 13 años. Para entonces, el distribucionismo populista y una nueva tendencia bajista en los precios del petróleo comenzaban a minar la economía venezolana. De hecho, el precio del crudo llegó a más de 120 dólares el barril casi justo en el momento de la muerte de Chávez, antes de iniciar un declive y, al final, una caída estrepitosa en los años siguientes, alcanzando en el 2015 un mínimo de menos de 30 dólares el barril y, aunque haya subido a más o menos la mitad de su nivel máximo, nunca se ha recuperado por completo.

Ésta fue la realidad heredada por el sucesor y ex vicepresidente de Chávez, Nicolás Maduro, un hombre sin el carisma popular o la habilidad política de Chávez, pero con todas sus tendencias dictatoriales, cuyas limitaciones como líder han sido evidentes desde el principio. Un hombre más sabio habría leído las señales e inmediatamente tomado acción para fomentar una apertura democrática en la cual cada partido político y proponente habría podido unirse al proceso de restablecer un adecuado marco democrático en el cual se pudiera comenzar el arduo trabajo de encontrar soluciones prácticas y consensuadas a los enormes problemas de Venezuela. Pero Maduro ha optado, de manera obtusa y trágica por hacer exactamente lo contrario.
Desde el 2014, el gobierno de Maduro ha estado plagado de protestas y manifestaciones en masa, a las cuales ha reaccionado con creciente violencia. Las causas detrás de las protestas son claramente legítimas. Muchas personas en Venezuela están tan afectadas por la crisis económica y la escasez resultante de medidas de austeridad ineficaces y/o arbitrarias impuestas por el gobierno que están literalmente muriéndose de hambre. El régimen de Maduro ha reaccionado encerrándose y instaurando restricciones aún más autoritarias que antes a los venezolanos, suspendiendo los derechos individuales y políticos garantizados por la Constitución e imponiendo una especie de ley marcial de facto en la cual el abuso y la represión severa son moneda corriente.
Al menos 124 personas han sido víctimas fatales de la represión gubernamental, pero hay razones para creer que este número puede ser sólo la punta del iceberg. Las organizaciones mundiales de defensa de los derechos humanos tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denuncian la tortura generalizada y las detenciones clandestinas bajo el gobierno de Maduro. Las historias de abusos por parte de la policía y de la Guardia Nacional de Venezuela que tales ONGs han documentado hasta la fecha son absolutamente nefastas.

La “evolución” del régimen de Maduro es la progresión clásica cuando las democracias resultan infectadas por el populismo nacionalista. Pueden mantener una pátina de fervor “democrático” mientras la economía logra sobrevivir a su autocrática indiferencia por cualquier interés que no sea el de la clase dominante y la corrupción y amiguismo que son normalmente inherentes en tales regímenes. Pero todos ellos se convierten en rabiosas dictaduras cuando la realidad sobreviene a la retórica y cuando el distribucionismo llega al punto tal que ya no existen más recursos para distribuir.
Cuando esto sucede, y la pretensión populista es eclipsada finalmente por las medidas necesariamente violentas, represivas y dictatoriales que se toman para que la élite autocrática pueda seguir manteniendo aun el más débil dominio del poder político, es sólo cuestión de tiempo antes de que esos gobiernos se estrellen contra los escollos de la dura realidad. El problema es que a menudo llevan al muere con ellos a una nación entera.
Estas situaciones jamás terminan bien y con demasiada frecuencia sirven como catalizador para hundir al país afectado en largos períodos de inestabilidad, caos político y violencia generalizada. Sólo se puede esperar que, cuando termine, y cómo termine, el actual régimen en Venezuela, la vocación democrática del pueblo venezolano sea resucitada y aleje al país de la división, llevándolo hacia una solución consensual y hacia un nuevo comienzo para una nación que por mucho tiempo se ha alejado del tipo de diversidad y progreso capaz de dotarla del futuro próspero, pluralista y pacífico que ésta merece.